Nuevas tecnologías aplicadas a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad digital: Un reto para la comunicación, la educación y la empleabilidad

1. Introducción

Tradicionalmente, las personas con discapacidad han sido escasamente consideradas en las políticas educativas, programas y planes de estudio, lo que ha provocado problemas de adaptaciones curriculares (Ostiguy, 2018), barreras para implantar una educación inclusiva (Rodríguez-Herrero et al., 2021), estigmas y discriminación (Cureton, 2022). Actualmente, además, las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad son una gran preocupación (Sannicandro et al., 2018) por su escasa representación (Scanlon et al., 2020) –aunque en Europa cada vez están mejor reconocidos (Vornholt et al., 2018)– y continúan teniendo menos posibilidades de ingreso en el mercado laboral (Stewart & Schwartz, 2018), cuestión que guarda relación también con la infrarrepresentación que han tenido en los medios (Stewart & Spurgeon, 2020), sujeta a unos sesgos (Tsatsou, 2021) que han influido en su percepción social (Shioume & Ito, 2022) y que aún produce la estigmatización o ableism de las personas con discapacidad (Campbell, 2009).

2. Metodología

Este artículo realiza un estado de la cuestión o estado del arte de las tendencias actuales en la investigación sobre la inclusión de las personas con discapacidad desde la perspectiva de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, comunicación y empleabilidad. De este modo, se parte del análisis de su conceptualización para sustentar de modo teórico, cualitativo e interpretativo la investigación (George-Reyes, 2019) recogida por los diferentes artículos que configuran este monográfico.

3. La educación superior inclusiva en la sociedad actual

Se han identificado tres categorías clave en la predicción del éxito en la educación superior de las personas con discapacidad: características personales, compromiso académico y social, incluyendo expectativas de los progenitores y estatus socioeconómico (Qian et al., 2020), y adaptaciones (Kutscher & Tuckwiller, 2019), ya sean curriculares, de infraestructura o tecnológicas (Pivik et al., 2002), de modo que se confluya en prácticas educativas inclusivas que impulsen la diversidad y la pertenencia colectiva (Reeves et al., 2022).

A este respecto, los profesores demandan una mayor información sobre las prácticas inclusivas a partir de la evidencia científica para poder implementar experiencias docentes de éxito (Van-Mieghem et al., 2020). Algunos aspectos esenciales para garantizar la educación inclusiva son la actitud positiva del profesorado hacia sus estudiantes con discapacidad, la necesidad de una adaptación razonable de metodologías, evaluaciones y recursos para garantizar el aprendizaje y el uso de las tecnologías que faciliten el acceso a ese aprendizaje (López-Gavira et al., 2021).

Recientes investigaciones han recomendado extender la inclusión en la educación superior más allá de los apoyos, las adaptaciones y el propio espacio formativo, incluyendo la vida residencial y familiar, la participación en el campus, las organizaciones de estudiantes, las relaciones sociales y el propio empleo, abordando de forma integral no solo conocimientos, sino el desarrollo de otras habilidades imprescindibles como la autonomía, autodeterminación o habilidades sociales, entre otras, que serían indicadores del éxito de la educación inclusiva (Bumble et al., 2019).

Por otro lado, revisiones sistemáticas recientes han identificado tres grandes barreras de acceso y participación para este tipo de estudiantes: infraestructuras, tecnologías y recursos poco accesibles y escasamente adaptados; un proceso de enseñanza-aprendizaje con carencias de los docentes para promover la inclusión en el aula y un apoyo institucional en la prestación de servicios específicos insuficiente y mal financiada (Fernández-Batanero et al., 2022).

Aunque, en términos generales, la comunidad universitaria muestra actitudes positivas hacia los estudiantes con discapacidad, especialmente el profesorado (Polo-Sánchez et al., 2018), los estudiantes con discapacidades invisibles eligen no revelar su discapacidad en la búsqueda de la normalización, pese al riesgo que ello supone al renunciar a los apoyos a los que tienen derecho para evitar ser etiquetados bajo la discapacidad (Morina, 2022).

Incluso el 80% de los estudiantes de Medicina en EEUU considera que su formación sobre discapacidad es insuficiente y se sienten menos cómodos al atender a personas con discapacidad (Chardavoyne et al., 2022), cuestión que pone de manifiesto la importancia de un desarrollo continuo para integrar el conocimiento y especificidades de este colectivo en los planes de estudio. Pese a ello, se ha puesto de manifiesto que la falta de tiempo para integrar todos los conocimientos en los planes de estudio es la barrera más relevante para ello (Lee et al., 2023) y, en cualquier caso, la educación reglada universitaria se encuentra alejada de un paradigma de job ready, en el que los egresados se encuentren totalmente preparados para trabajar en su profesión desde el primer día (Moore & Morton, 2017).

La tecnología digital, en definitiva, contribuye a un aumento de la participación y la motivación, así como a la mejora del desarrollo social y comunicativo, mientras que reduce cualquier brecha correspondiente a determinados tipos de discapacidad y acerca, en definitiva, al logro académico (Mikropoulos & Iatriaki, 2023) al ser una herramienta para la inclusión educativa (Medina-García et al., 2021). A pesar de ello, muchos profesores no son conscientes de la importancia de la tecnología de asistencia para apoyar las necesidades de estos estudiantes hasta que entran en contacto con experiencias reales (Baser & Arslan-Ari, 2022). Algunos autores, incluso han llegado a afirmar que la garantía del acceso a la información por parte de las personas con discapacidad puede evitar una especie de esclavitud moderna que dificulta la inclusión, la seguridad y la justicia (Wailes & Mackenzie, 2023).

Junto al soporte tecnológico, la existencia de una comunicación frecuente, clara y accesible entre los docentes y los estudiantes con discapacidad, además de otras partes interesadas, como el personal de apoyo o sus propios compañeros de clase, contribuye a incrementar su participación y mejorar su aprendizaje (Watts et al., 2023).

Más allá de estigmas, por un lado, y oportunidades, por otro, lo cierto es que los datos corroboran que las personas con discapacidad siguen teniendo menos probabilidades de finalizar estudios superiores, ingresar en el mercado laboral y tener unos ingresos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad (Berrigan et al., 2023), siendo necesario continuar el desarrollo de una legislación que permita continuar con avances significativos, pero también una concienciación en todos los ámbitos de la sociedad que, en el ámbito educativo, supere la falta de acceso y el estigma (Shpigelman et al., 2022) y reconozca que todos los estudiantes son importantes y capaces de aprender cuando se presentan actitudes y condiciones que son adecuadas (Morina et al., 2020).

4. La comunicación digital y las personas con discapacidad

4.1. El paradigma de la brecha digital

La tecnología y la comunicación digital ofrecen valiosas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de gran parte de la ciudadanía, por lo que cabe preguntarse cuál es el estado de la cuestión desde el enfoque de las personas con discapacidad. Se observa, a priori, que la brecha digital sigue siendo una de las grandes preocupaciones, pues esta desigualdad puede producirse por la combinación de varios factores como el acceso a la tecnología, la carencia de competencias digitales, la falta de accesibilidad de los contenidos o la limitada adaptabilidad de los productos digitales. Según el Informe Tecnología y Discapacidad de la Fundación Adecco (2022), más de la mitad de los encuestados (n=300) aseguraba encontrar barreras en el uso de las nuevas tecnologías. Este hecho es relevante si tenemos en cuenta que, en el mismo estudio, el 75% de los encuestados reconocía que las nuevas tecnologías y las redes sociales habían contribuido positivamente a la generación de un mayor tejido social en torno a la discapacidad.

A nivel institucional, el Gobierno de España ha desarrollado varios programas específicos para reducir dicha brecha. La hoja de ruta España Digital 2026, por ejemplo, traza las líneas clave para la transformación digital, centrándose en tres dimensiones: las infraestructuras y la tecnología, la economía y las personas. En este último caso, el de las personas, se hace especial hincapié en la necesidad de reforzar las competencias digitales, reduciendo las posibles desigualdades digitales.

Para abordar esta circunstancia en las personas con discapacidad, esta formulación general se concreta en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2022). Entre sus retos estratégicos se recoge la digitalización inclusiva y se indican algunos objetivos y líneas de actuación a desarrollar como la “promoción de la adquisición de competencias digitales por parte de las personas con discapacidad o, en su defecto, de los apoyos necesarios para el acceso a servicios y medios de comunicación digital” (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2022, p.89) o la “promoción y apoyo a la accesibilidad de páginas web y aplicaciones móviles del sector privado” (p.91), entre otros.

Destaca también la labor particular que realizan algunas fundaciones en este sentido, centradas en la alfabetización digital (García-Prieto, 2016). La Fundación Vodafone España, por ejemplo, colabora con distintas organizaciones en la implementación de programas formativos dentro de su estrategia V-Talent, cuyo propósito es la inclusión digital. Esta capacitación en TIC abarca desde la accesibilidad cognitiva hasta la programación o la formación para el empleo. De manera similar, Fundación Telefónica ha creado Fundación Telefónica Lab, espacio que impulsa la formación en competencias digitales para personas vulnerables. Estos esfuerzos públicos-privados resultan fundamentales para avanzar en la capacitación y en la igualdad de oportunidades.

4.2. Presencia y autorrepresentación de personas con discapacidad en redes sociales

Por otra parte, se observa que las personas con discapacidad disponen de recursos digitales más relacionados con la comunicación y las redes sociales que con aspectos de gestión o compra de servicios, bienes o alimentos. Aun así, el 25,7% reconoce no disponer de ninguno de estos servicios (Martínez & Esteve, 2020). Abordar esta brecha digital supone, además, adoptar un enfoque heterogéneo capaz de integrar la diversidad y diferencias en función de cada discapacidad. Martínez y Esteve (2022) aplican esta máxima y profundizan en el uso de las redes sociales. Entre las conclusiones, se recoge que las herramientas de comunicación digital son utilizadas sobre todo en los casos de discapacidad visual e intelectual (que superan el 60 % de las personas encuestadas; n=390). Facebook es la más empleada (sobre todo en personas con discapacidad auditiva e intelectual), seguida muy de cerca por Instagram (auditiva y de salud mental). Twitter se concentra, sobre todo, en personas con discapacidades sensoriales, con más de un 30%, y quedan por debajo Telegram y LinkedIn, poco usada como red profesional (más habitual en personas con discapacidad visual y física, con frecuencia de entre el 14,5 y el 16 % en cada caso). Solo un 2,3% aseguraba no tener presencia en ninguna web o aplicación, destacando esta situación en personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental.

Bonilla-del-Río y Sánchez-Calero (2022) realizan un ejercicio similar recogiendo WhatsApp (90,6%) como la plataforma más utilizada, seguida de YouTube (59,4%) Instagram (28,1%) y Facebook (15,6%). En cuanto a las motivaciones de uso, destaca, en primer lugar, la necesidad de comunicarse con amigos (93,8%), la familia (59,4%) y los docentes (43,8%), así como el entretenimiento (78,1%). Cabe destacar que los agentes educativos manifiestan que las redes sociales favorecen la integración de los jóvenes y mejoran las relaciones interpersonales con otros. Esta conclusión enlaza con otros trabajos que resaltan las experiencias positivas al usar las redes sociales en términos de amistad, desarrollo de la identidad social y la autoestima, y entretenimiento (Caton & Chapman, 2016).

En cuanto al uso de las redes sociales como plataformas para la autorrepresentación de personas con discapacidad, parece recogerse una concentración mayor en Instagram. En relación con los contenidos, análisis realizados sobre publicaciones de influencers con discapacidad (n=400) recogen que casi la mitad de las publicaciones son de índole personal (46%), seguidas por contenidos de recomendación y promoción (21%) y posts sobre temáticas de discapacidad (14%). Mientras que las temáticas ligadas a la especialización o interés de los perfiles analizados presentaban una representación claramente inferior: moda y belleza (7%), deporte (6%) y humor (3%) ( Bonilla-del-Río et al., 2022).

Señala Lapierre-Acevedo (2023) que el alcance mediático de los influencers con discapacidad debería romper con la estructura capacista y abarcar otras áreas de discusión que permita el diálogo entre iguales. Indica también la autora que “el uso de formatos accesibles para personas ciegas, sordas o la lectura fácil pueden convertirse en un método universalmente accesible, a la vez que resultan prácticas activistas” (p.238). Así, la accesibilidad de los contenidos es una tarea pendiente también para los creadores de contenido con discapacidad. Bonilla-del-Río et al. (2022) abordaron esta cuestión tomando como variables de análisis el uso de texto alternativo, subtítulos o lengua de signos. Concluyeron que el 93% de los posts analizados (n=372) no incorporaba ninguno de estos tres elementos.

4.3. Desinformación, discapacidad y alfabetización mediática inclusiva

En tiempos de desinformación, el auge de la propaganda digital (Rodríguez-Fernández, 2021) y de engaños cada vez más refinados y complejos convierte a la alfabetización mediática en una necesidad de primer nivel para toda la ciudadanía. La relación entre la desinformación y la discapacidad puede ser abordada desde varias perspectivas, comenzando por la inclusión de las personas con discapacidad como grupo especialmente vulnerable. Apenas existen estudios específicos que aborden esta realidad, cuestión que imposibilita trazar programas de alfabetización mediática especializados y enfocados a la diversidad.

El 96% de los profesionales y familiares considera Internet poco o nada seguro para las personas con discapacidad intelectual. Entre las cuestiones que más les preocupan se encuentra la posible vulneración de los derechos de la personalidad a través de las redes sociales, el riesgo al uso de información personal de forma inadecuada, la demanda de fotos (sexting), la posibilidad de recibir contenidos inapropiados o que sean insultados o menospreciados (Chiner et al., 2016).

Desde un enfoque legal, que su protección en entornos digitales tiene que englobar tanto la utilización regular de las redes sociales como la emisión del consentimiento para autorizar el tratamiento de datos personales o determinadas intromisiones en sus derechos de la personalidad por parte de terceros (Martínez, 2022). Así, y del mismo modo que se presiona a las plataformas para que realicen una curación de contenidos apropiada que sirva de cortafuegos, también convendría sensibilizar a las mismas sobre las acciones necesarias para proteger a las personas especialmente vulnerables.

En un segundo enfoque, se encuentra la desinformación en torno a la discapacidad como falta de conocimiento e información. Esta circunstancia favorece la creencia de información falsa y contribuye a perpetuar estereotipos y prejuicios, reduciendo la inclusión y la igualdad de oportunidades. En este caso, comienzan a recogerse algunas actuaciones específicas centradas en derribar mitos y ofrecer información altamente especializada. Destaca la iniciativa Discamedia, portal de noticias enfocado en desmentir bulos y explicar cuestiones relacionadas con la discapacidad.

En una tercera aproximación, la desinformación encuentra entre sus técnicas el uso de discursos de odio. La desfragmentación de la sociedad, propia de este tipo de estrategias de propaganda digital, pasa por dañar pilares básicos de la democracia como el respeto a la diversidad y la diferencia. Sucede, además, que junto a la discapacidad se añaden otros factores de vulnerabilidad como el género, la edad, la orientación sexual o el origen étnico que acrecientan la situación.

En España, las denuncias por delitos de odio hacia personas con discapacidad aumentaron un 69,2 % en 2020 (Ministerio de Interior, 2021). Aunque se partía desde cifras muy bajas en 2019 y la pandemia agravó la situación, el dato obliga a seguir tomando conciencia. Aunque la mayoría de los delitos de odio se producen en la calle, también es frecuente que el desprecio se ocasione en Internet y en las redes sociales, circunstancia que lleva a pensar que la alfabetización mediática inclusiva y la representación de la diversidad en entornos digitales siguen siendo retos pendientes. Así, y al igual que se reclama a las empresas tecnológicas la curación de contenidos y la implementación de medidas tecnológicas que eviten la desinformación, debemos demandar como sociedad un acceso a la tecnología más inclusivo y una capacitación heterogénea que englobe también a colectivos vulnerables.

5. La empleabilidad de las personas con discapacidad: Dificultades, retos y oportunidades

5.1. Principales datos sobre empleo y discapacidad en España

La inserción en el mercado laboral es uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. En España, son casi dos millones (1.929.400) los ciudadanos en edad de trabajar que poseen un certificado de discapacidad, lo que representa un 6,3% de los potencialmente activos. La tasa de empleo de este colectivo alcanza sólo el 26,9%, lo que muestra una situación desfavorable en relación con el resto de la población (Tabla 1), para quien esa misma tasa se eleva al 66,3%. A pesar de ello, se registró un ligero aumento de 0,2 puntos en 2021 respecto al año anterior (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2022, p.1).

Las empresas de más de cincuenta trabajadores tienen la obligación de contratar, al menos, al 2% de su plantilla de personas con discapacidad (RD 1/2013, de 29 de noviembre), frente al 7% de reserva de las plazas convocadas –2% específicamente para personas con discapacidad intelectual– en la Administración Pública (Orden HFP/688/2017, de 20 de julio), aunque estas plazas no se cubren en un 46% de los casos (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2022, p.11). La mayoría son asalariados del sector privado, que, en un 74,9% de los casos, cuentan con un contrato indefinido (INE, 2022, p.7), aunque en los últimos años se manifiesta una tendencia hacia los contratos temporales muy acusada (Odismet, 2021, p.39). Trabajan en gran parte a tiempo completo (81,6%), aunque este porcentaje es inferior en cinco puntos al de los trabajadores sin discapacidad. Entre los sectores, su presencia es destacable en los servicios, donde se desempeña el 81,4% (INE, 2022, p.7).

Las mujeres constituyen el 43,7% de los ocupados con discapacidad, de forma que la brecha de género se manifiesta en este grupo de forma más acusada que en los datos globales, donde ascienden al 46,2% (INE, 2022, p.2). Además, su salario anual es inferior al de los hombres en más de 2.100 € (Odismet, 2023, p.61). Igualmente, se observa una falta de equidad en los grupos de edad, ya que las mayores tasas de empleo se dan en la franja de 25 a 44 años (35,4%), siendo muy bajas entre los más jóvenes (8%) (INE, 2022, p.5). Se advierte un nivel de formación medio-bajo, de manera que el 61,3% de los ocupados ha estudiado secundaria o programas específicos para la inserción laboral de las personas con discapacidad y el 31,4% ha accedido a un título universitario (INE, 2022, p.75). Se observa también que han cursado educación superior y secundaria, respectivamente, el 46,5 y el 49,2% de los que se encuentran trabajando (INE, 2022, p.2).

Las posibilidades de participación laboral vienen determinadas, en cualquier caso, por el tipo de discapacidad y el grado de la misma. La auditiva presenta el nivel más alto de tasa de actividad (55,5%), frente al 27,5% de la intelectual, el grupo con menor inserción en el mercado de trabajo. La discapacidad visual y las orgánicas también muestran tasas de actividad superiores al 40%. Con relación al grado, para la intensidad menor, la tasa de actividad supera el 54,2%, pero apenas llega al 12% cuando se produce en el nivel catalogado como mayor (INE, 2022, p.6).

Todo lo anterior redunda en una tasa de paro del 22,5% en 2021, ligeramente superior (0,3 puntos) a la del año anterior y 7,8 puntos por encima de la registrada para la población sin discapacidad (INE, 2022, p.3). Estas cifras recogen ya cierta recuperación tras la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 en 2020, cuando los contratos a personas con discapacidad cayeron un 26% (Fundación Adecco, 2021, p.7), sin haberse recuperado todavía los niveles de 2019 (Odismet, 2023, p.41). En todo caso, el colectivo de la discapacidad sufre con más intensidad y de manera más prolongada el desempleo. El 43,3% de los que buscan trabajo llevan más de veinticuatro meses desempleados (SEPE, 2023, p.34) y su tasa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) ha crecido hasta el 30,6% en 2022 (EAPN, 2022). Entre las reservas de las empresas para contratar profesionales con discapacidad, destacan las dudas sobre su desempeño, las relaciones con el resto de la plantilla o las adaptaciones del puesto de trabajo (Ellis, 2016). Parece necesario un cambio en estos prejuicios, que puede producirse si se brinda a estas personas la oportunidad de demostrar sus habilidades. También se precisa una mejora en la adquisición de las competencias profesionales y tecnológicas demandadas por el mercado laboral.

5.2. Perfiles profesionales más demandados en el mercado laboral e implicaciones para el empleo de las personas con discapacidad

El auge de las nuevas tecnologías implica también “la transición hacia nuevos sistemas sociales construidos sobre la infraestructura de la revolución informática” (Sainz de Vicuña, 2020, p.24). En esta constante transformación, acelerada por la pandemia COVID-19, las empresas españolas han avanzado en la gestión y análisis de datos, la Inteligencia Artificial (IA) y la computación en la nube (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad [ONTSI], 2023, p.5), de forma que han surgido nuevos perfiles profesionales y competencias estrechamente relacionadas con las habilidades digitales que han dado lugar a las profesiones más demandadas.

El marketing digital, la gestión de big data y la IA figuran entre los ámbitos con mayor empleabilidad. A ellos habría que sumar otros como la salud y la logística (Adecco, 2021, p.16). Se trata, en su mayoría, de entornos que exigen un amplio dominio de herramientas digitales, lo que puede ser un factor a favor de las personas con discapacidad (De-Oliveira-Schultz-Ascari et al., 2021). Reúnen actividades propias del teletrabajo, que se mantiene en nuestro país para un 12,5% de los trabajadores de forma habitual (el 100% de su jornada) y para un 6,1% de manera ocasional (más de la mitad de los días laborables) (ONTSI, 2023, p.5). El teletrabajo viene a mitigar las dificultades que los desplazamientos pueden implicar para este colectivo y a transformar el concepto tradicional de discapacidad, ya que los rasgos comúnmente asociados a ella quedan en un segundo plano (Pérez-Roldán, 2021, p.23). También puede aportar una flexibilidad especialmente valiosa para estas personas, aunque este aspecto a veces disfraza situaciones de inseguridad y precariedad laboral (Qu, 2020).

Las personas con discapacidad pueden adquirir las competencias y habilidades digitales solicitadas en muchas de estas profesiones, aunque, como ocurriría en cualquier otro caso, no todas cuentan con el mismo potencial. Es preciso tener presente el amplio abanico de situaciones incluidas en el ámbito de la discapacidad y centrarse en lo que cada uno puede hacer para fomentarlo (Herrero-de-la-Fuente et al., 2022), considerando tanto la formación como las posibilidades que proporciona la tecnología.

5.3. La tecnología accesible como impulsora del empleo para las personas con discapacidad

El impacto diario de la tecnología en las personas con discapacidad ha sido investigado desde múltiples perspectivas en los últimos años (Macdonald & Clayton, 2013; Tsatsou, 2021), centrándose en la relevancia de las herramientas digitales para acceder al empleo (Roulstone, 2016) o apoyar el emprendimiento (Boellstorff, 2019), sin obviar que el elevado coste y la falta de accesibilidad en dispositivos y páginas web resultan en una mayor exclusión para las personas con discapacidad (Lindsay 2011; Palmer et al. 2012).

En España, la percepción de este colectivo sobre los recursos tecnológicos es, en general, positiva, pero cuenta con matices. Un informe publicado por la Fundación Adecco (n=700) revela que el 68% de los encuestados los considera un aliado, en concreto, para su inclusión en el mercado de trabajo. Sin embargo, un 32% teme las implicaciones de la IA, especialmente si se utiliza para la selección de personal (2021, p.8). Entre los encuestados con empleo, el 72% afirma que las nuevas tecnologías le ayudan en su desempeño. De ellos, un 18% usa herramientas adaptadas, mientras seis de cada diez manejan tecnologías convencionales (p.9).

Sobre el carácter accesible de los dispositivos digitales, el 48% de los encuestados asegura encontrar obstáculos para su utilización. De ellos, un 45% declara que su uso le parece “muy complejo” y un 29% encuentra barreras para desenvolverse con determinados dispositivos (Adecco, 2021, p.12).

La accesibilidad de la tecnología es un factor esencial para la inserción laboral de las personas con discapacidad y condiciona, además, sus posibilidades de formación. Así, la Organización Internacional del Trabajo advierte que “las personas con discapacidad deben estar presentes desde el principio del proceso de diseño tecnológico, para garantizar que la accesibilidad se tiene en cuenta desde el inicio” (OIT-Fundación ONCE, 2021, p.30). El llamado “diseño universal” o “diseño para todos” convierte los recursos tecnológicos en inclusivos para el mayor número de usuarios posible, sin necesidad de adaptaciones. Esto beneficia a las personas mayores o a los que pasen por una situación transitoria de merma de sus facultades.

El carácter inclusivo de los recursos digitales se extiende al ámbito de las páginas web y las redes sociales, que han de estar diseñadas y desarrolladas para que cualquier usuario pueda utilizarlas. Esto comprende los gráficos y tablas, los títulos de las páginas, las etiquetas, etc. Se trata de que la navegación sea posible con un lector de pantalla u otra tecnología asistida. En España acaba de aprobarse la Ley 11/2023 en materia de accesibilidad, que obliga a las administraciones públicas, las universidades y determinadas empresas (bancos, suministradores de servicios básicos como agua, luz o telefonía, etc.) a ofrecer su contenido web de forma accesible.

6. Conclusiones

Las personas con discapacidad han sufrido históricamente una exclusión y estigmatización (ableism) en los ámbitos educativos, mediático y de acceso al empleo. Pese a ello, las nuevas tecnologías están ofreciendo oportunidades para paliar estos sesgos y mejorar sus posibilidades de participación y motivación. Así, la educación superior permite, a pesar de los problemas de accesibilidad que continúan existiendo, adaptaciones tecnológicas que se unen a las curriculares tradicionalmente disponibles en la búsqueda de la inclusión y la pertenencia a una sociedad que hoy es diversa, fomentando no solo conocimientos, sino también habilidades imprescindibles para las personas con discapacidad como la autonomía o las habilidades sociales. La brecha digital sigue también estando presente y provoca desigualdades derivadas de las limitaciones en acceso a los contenidos, pero el auge de las redes sociales ha desarrollado un entorno que favorece la integración social de las personas con discapacidad y que, además, está permitiendo reconstruir la identidad con la que se presentan y son reconocidas por la sociedad. Esto no puede obviar la cada vez más necesaria alfabetización mediática para que el contexto digital sea seguro para las personas con discapacidad y estén menos expuestas al fenómeno de la desinformación y a los discursos de odio. La dificultad para encontrar trabajo por las reservas de las empresas a la hora de insertarlos en un empleo con contenido –más allá de sus políticas de responsabilidad social, sostenibilidad y cumplimiento de los ODS– implica un menor poder adquisitivo que la población general, que prácticamente triplica la tasa de empleo con respecto a las personas con discapacidad y está potenciando el fenómeno de la discapacidad invisible, en el que los propios implicados eluden cualquier ayuda para no ser etiquetados dentro de una discapacidad. El desarrollo de competencias digitales y la mejora en la accesibilidad de los dispositivos podrían resultar clave para revertir esta situación.

Contribución de autores

LuisMañas-Viniegra: Conceptualización, Investigación, Supervisión, Redacción- revisión y edición. Leticia Rodríguez-Fernández: Conceptualización, Investigación, Redacción- revisión y edición. Mercedes Herrero-de-la-Fuente: Conceptualización, Investigación, Redacción- revisión y edición. Ana Isabel Veloso: Conceptualización, Redacción- revisión y edición. Todos los autores han leído y están de acuerdo con la versión publicada del manuscrito. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Financiamiento

Esta investigación se enmarca en el proyecto “Discapacidad y Competencias Digitales en el Sector Audiovisual–COMPENSA” (Ref. PID2019-105398RB-C21), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.

Referencias

Notas de autor

* Profesor Contratado Doctor. Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada

** Profesora Titular en el Departamento de Marketing y Comunicación

*** Docente de la Universidad Antonio de Nebrija

**** Profesora Asociada en el Departamento de Comunicación y Arte

Información adicional

Para citar este artículo : Mañas-Viniegra, Luis; Rodríguez-Fernández, Leticia; Herrero-de-la-Fuente, Mercedes; & Veloso, Ana Isabel. (2023). Nuevas tecnologías aplicadas a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad digital: Un reto para la comunicación, la educación y la empleabilidad. ICONO 14. Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 21(2). https://doi.org/10.7195/ri14.v21i2.2047

ICONO 14, Revista de comunicación y tecnologías emergentes

ISSN: 1697-8293

Vol. 21

Num. 2

Año. 2023

Nuevas tecnologías aplicadas a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad digital: Un reto para la comunicación, la educación y la empleabilidad

Luis Mañas-Viniegra ¹, Leticia Rodríguez-Fernández ², Mercedes Herrero-de-la-Fuente ³, Ana Isabel Veloso ⁴